Artículo publicado en La Opinión de Tenerife el 15 de noviembre de 2011
Octubre, por mor del comienzo del curso académico, se alza como el mes elegido del calendario para iniciar unas actividades aparentemente inocentes que, en realidad, esconden una amplia variedad de excesos sangrantes cuyas víctimas son los estudiantes novatos que acceden a las aulas universitarias. Esta polémica tradición se remonta a la Edad Media y su origen está ligado a ciudades como Salamanca y Alcalá de Henares, aunque sean Madrid, Valladolid, Santiago o Cáceres quienes han recogido el testigo y sea en sus campus donde más se realizan estas prácticas. En algunos centros están vedadas en atención a sus nefastas consecuencias pero en otros continúa siendo un método de supuesta integración del recién llegado. Estos atropellos se repiten curso a curso por toda la geografía española y, en ocasiones, llegan a provocar en los afectados, además de serias lesiones de carácter físico, efectos perversos en su autoestima.
Así ocurrió recientemente con tres miembros de un colegio mayor compostelano que fueron ingresados con heridas graves en los ojos, fruto de una batalla estudiantil en el transcurso de la cual les arrojaron al rostro detergente industrial. Dos de ellos tuvieron que ser operados y su pronóstico aún hoy está pendiente de evolución. En la actualidad, las novatadas son mucho más difíciles de controlar que en el pasado, debido a que los veteranos han trasladado a las calles el ámbito de su comisión para evitar así las correspondientes sanciones que los centros educativos tienen el deber y la obligación de imponer. La máxima expresión del castigo es la expulsión y, si bien en los Rectorados se reciben cada vez más denuncias, es necesario que el número de jóvenes que opten por acudir a la vía judicial sea superior.
A pesar de que el Código Penal en su artículo 173 permite asimilar estos comportamientos a los delito de tortura y contra la integridad moral -que conllevan penas que van desde los seis meses a los dos años de prisión-, muchos agredidos no acuden a los juzgados por motivos tan dispares como la inexplicable aceptación de la situación o el sentimiento de una especie de Síndrome de Estocolmo respecto del agresor. El propio Tribunal Supremo dictaminó en una sentencia de abril de 2003 que “la realización de novatadas puede ser considerada como delito, así como las conductas que puedan producir sentimientos de terror, de angustia y de inferioridad susceptibles de humillar, de envilecer y de quebrantar, en su caso, la resistencia física y moral". Además, el Alto Tribunal ha impuesto elevadas indemnizaciones de hasta un cuarto de millón de euros en aquellos casos en los que se ha ocasionado una discapacidad grave al damnificado.
Precisamente se acaba de crear en Galicia la primera asociación nacional en contra de esta forma de maltrato universitario. Sus miembros piden "tolerancia cero" frente a lo que, a su juicio, son sencilla y llanamente torturas y vejaciones que tan sólo se explican desde el más deleznable sentido del humor o, peor aún, desde un afán perverso de hacer daño de forma gratuita. En este sentido, cabe resaltar que otros países como Estados Unidos e Inglaterra tampoco son ajenos al ejercicio de estas conductas humillantes. Incluso el pasado mes de marzo se planteó en Francia la creación de una ley específica de responsabilidad penal sobre estas materias. Para concluir, me tomo la libertad de trasladar a los lectores un par de reflexiones personales que me preocupan enormemente: ¿Dónde está la línea que diferencia un acto de integración de otro constitutivo de delito? ¿Hasta cuándo se seguirán cometiendo tropelías en nombre de la sacrosanta tradición?
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